El pasado 20 de diciembre de 2016, Dña. Carmen María Durán Silva presentaba ante el tribunal su tesis titulada: «La videovigilancia en el proceso penal: tratamiento procesal y eficacia probatoria».

El tribunal estaba compuesto de la siguiente manera:

• PRESIDENTE: DR. D. JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO. Catedrático de Universidad. Universidad de Alicante. Dpto. Derecho Mercantil y Derecho Procesal.
• SECRETARIA: DRA. Dª. OLGA FUENTES SORIANO. Catedrática de Universidad. Universidad Miguel Hernández . Dpto. Derecho Procesal.
• VOCAL: DR. D. AGUSTÍN J. PÉREZ-CRUZ MARTÍN. Catedrático de Universidad. Universidad de A Coruña. Dpto. Derecho Procesal.
• PRESIDENTA SUPLENTE: DRA. Dª. VERÓNICA LÓPEZ YAGÜES. Profesora Titular de Universidad. Universidad de Alicante. Dpto. Derecho Mercantil y Derecho Procesal.
• SECRETARIO SUPLENTE: DR. D. JUAN CARLOS ORTIZ PRADILLO. Profesor Titular de Universidad. Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo.
• VOCAL SUPLENTE: DRA. Dª. ÁGATA MARÁ SAN HERMIDA. Titular de Universidad. Universidad de Castilla La Mancha. Facultad de Derecho.

La tesis trata fundamentalmente y de manera resumida en que durante las últimas dos décadas, el desarrollo de las nuevas tecnologías ha evolucionado hasta tales extremos que, en cualquier otro momento histórico, hubiera resultado inimaginable una revolución de tal envergadura, alzándose como un auténtico fenómeno a nivel mundial. Todo ello ha supuesto la transformación y modernización de muchos ámbitos de la sociedad, incluidas las técnicas utilizadas en el marco procesal, tanto civil como penal, si bien reflejándose, a nivel normativo, con un intervalo de 15 años de diferencia. La elección de este tema fue realizada, inicialmente, por el vacío legal existente y la problemática que producía la ausencia de la regulación legal de una diligencia con tanta repercusión práctica en el ámbito del proceso penal. No obstante ello, y durante el desarrollo de este trabajo, la temática estudiada se tornó en una cuestión aún más interesante si cabe tras la reciente promulgación de una ley llamada a disciplinar las nuevas medidas de investigación tecnológicas. Con la elaboración del presente estudio se ha intentado analizar con rigor una materia tan crucial para la actividad probatoria como es la videovigilancia y dotarla de una perspectiva actual, desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial, Para ello se analizaron los distintos tipos de videovigilancia y la posible afectación que su práctica puede ocasionar a los derechos fundamentales. Asimismo, se fija cuáles son los requisitos que deben concurrir para que se considere que dicha diligencia de investigación se ha practicado de forma legítima y si ésta puede adquirir valor de prueba reconstituida. Por último, se analiza la vía a través de la que la fuente de prueba videográfica puede acceder al juicio oral y los consecuencias que se derivan de la declaración de su ilicitud.